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Última actualización: 27 de marzo de 2019

Un proyecto TIC transparente

Publicado en: El Tiempo 

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras planteaba en su columna del diario EL TIEMPO importantes cuestionamientos e interrogantes sobre el proyecto de ley de modernización del sector TIC. Según el exvicepresidente, con este proyecto ganan todos los operadores, gana el Gobierno, pero pierden los ciudadanos y el Estado. Se pierde, dice, porque la iniciativa habilita a los operadores de telefonía móvil y televisión para usar el espectro, ya no por diez sino por veinte años, lo que les reduciría a estos últimos cerca de 180.000 millones de pesos de la contribución que debieran pagar al Estado; que no se requiere una nueva ley para avanzar en la modernización y conectividad de internet, y que lo que hay es el traslado de importantes facultades de un ente autónomo como la Autoridad Nacional de TV al Ministerio TIC.

"Si no se realizan las reformas institucionales, legislativas y regulatorias necesarias, el mayor perjuicio será para el ciudadano."

Frente a tales interrogantes, debo decir que todavía no entiendo por qué aferrarnos al régimen jurídico de la televisión expedido hace 24 años, antes de Internet, cuando se han experimentado considerables cambios tecnológicos y de mercado, lo que no solo nos ha mantenido atrapados en el duopolio de la televisión abierta privada, sino que, además, genera limitaciones para desarrollar los nuevos contenidos multiplataforma. La habilitación general permite abrir el mercado de la televisión abierta radiodifundida, tener mayor competencia, la posibilidad de más canales públicos y privados, mayor producción de contenidos audiovisuales y ampliar el mercado de la pauta publicitaria, que es hoy costoso y exclusivo, y de esta manera generar más recursos para el Estado. Hoy es ampliamente conocido el mercado de nuevos jugadores de contenidos audiovisuales, con escasas o ninguna barrera de entrada, como Netflix, YouTube, Apple TV, Web TV, y donde el país ya comienza a percibir algunos recursos fiscales, pero que en términos generales es una fuente aún inexplorada.

Respecto del plazo para el uso del espectro, es fácil entender que si la inversión de un proyecto es mayor o la competencia es superior, el tiempo en el que se puede obtener retornos debe aumentar. Fue el paso que dio nuestro país para desarrollar el programa de infraestructura vial 4G, al pasar de concesiones de 10 años de la Ley 80 de 1993 a plazos superiores de 35 años de las APP, que permitió una inversión de 70 billones de pesos y que es inferior a los 100 billones que necesita Colombia invertir para cerrar la brecha digital y alcanzar los niveles de los países de la OCDE.

Si nuestra meta es conectar los 20 millones de colombianos que hoy no tienen Internet, en su mayoría en zonas rurales y apartadas, y mejorar la tecnología de otros 10 millones de usuarios, por de más cara y de baja calidad, se requiere un nuevo régimen jurídico que ofrezca seguridad y confianza a las empresas, estimule las inversiones a largo plazo y facilite el despliegue de redes y servicios. Una política ineficiente del espectro implica menor despliegue de redes, congestión y servicios más costosos, de menor calidad, por lo tanto, menos recursos para el Estado. Por ende, si no se realizan las reformas institucionales, legislativas y regulatorias necesarias, el mayor perjuicio será para el ciudadano.

Tratar de detener la modernización del sector TIC, con el argumento de concentración del control en el ejecutivo o de afectación del pluralismo informativo, está lejos de la nueva realidad de una sociedad digital. De los largos años que tengo en el Congreso, si hay un proyecto de ley con amplia socialización y trámite transparente, ha sido el de modernización del sector TIC, liderado por la ministra Sylvia Constaín.

* Representante a la Cámara. Ingeniero electricista con maestría en derecho, con énfasis en el régimen jurídico de las telecomunicaciones.