
El Ministerio TIC a través del viceministerio de Transformación Digital, lideró un espacio de diálogo interinstitucional y participativo en el marco del proceso de reglamentación de la Ley 2489 de 2025, orientada a la creación de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes. El encuentro contó con la participación de entidades del Estado como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, así como organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector educativo, líderes comunitarios, padres de familia y estudiantes,
La reunión tuvo como objetivo recibir observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad civil al proyecto de decreto que reglamenta la Ley, y que se encuentra publicado para comentarios ciudadanos hasta hoy 21 de enero.
El viceministro de Transformación Digital, Andrés López, destacó la importancia de construir el decreto de manera participativa: "Escuchar todas las visiones sobre esta iniciativa es muy importante para nosotros. El decreto ha estado en observaciones y hemos recibido múltiples comentarios para su elaboración; sin embargo, quisimos abrir este espacio para construir el mejor decreto posible para todos", señaló.
El Viceministro explicó que este cumple un papel clave como instrumento de implementación de la Ley, al establecer lineamientos claros para su aplicación efectiva, ya que es el punto intermedio entre la ley y las resoluciones que la desarrollan. Se espera que a través de las resoluciones se logre reforzar la prevención frente a riesgos como la violencia digital. En este sentido, se anunció que el Gobierno Nacional avanza en la construcción de resoluciones específicas que permitan definir las responsabilidades de entidades como la Policía Nacional y la CRC, fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y respuesta frente a riesgos digitales.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la escucha de las experiencias de niños, niñas y adolescentes, así como de padres y madres de familia, quienes manifestaron su preocupación por los riesgos de contenido, conducta y contacto en entornos digitales. Durante el diálogo se expusieron situaciones como la presencia de adultos en videojuegos infantiles, la exposición a anuncios con contenido sexualizado, el uso excesivo de pantallas, la creación de cuentas con edades falsas y los riesgos asociados a interacciones no supervisadas con sistemas de inteligencia artificial.
"Hay momentos en que personas mayores se infiltran en los juegos y empiezan a preguntar la edad o el número de identificación", expresó una menor que hizo parte de la socialización.
Organizaciones como RedPaPaz que ha documentado más de 54.000 reportes relacionados con vulneraciones de derechos, insistieron en la urgencia de consolidar políticas públicas que permitan la creación de entornos digitales protectores y coherentes con los derechos de la niñez.
El proyecto de decreto busca acompañar y fortalecer la Ley 2489 de 2025, dotándola de herramientas claras para prevenir riesgos en internet para niños, niñas y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos en entornos digitales, fortalecer la alfabetización digital de familias y cuidadores en impulsar la corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia.
Como parte de este proceso, el viceministerio de Transformación Digital planteó la elaboración de cartillas pedagógicas dirigidas a padres, madres y cuidadores, orientadas a promover el uso seguro de pantallas, definir edades adecuadas para el acceso a tecnologías digitales y fortalecer la supervisión familiar.
"Los niños están siendo formados por el celular. Necesitamos herramientas claras para los padres sobre el uso seguro de las pantallas y la responsabilidad familiar en este proceso", agregó el Viceministro.
El Ministerio TIC reitera su compromiso con la construcción colectiva de políticas públicas que permitan que niños, niñas y adolescentes disfruten de las tecnologías digitales de manera segura, responsable y acorde con la garantía plena de sus derechos.