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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones rechaza, de manera categórica, los pronunciamientos atribuidos a estructuras armadas ilegales que pretenden restringir el ingreso y la labor de organismos de verificación y acompañamiento, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo, en territorios bajo su influencia.

Estas pretensiones resultan contrarias al Derecho Internacional Humanitario y vulneran principios fundamentales relacionados con la garantía de los derechos humanos, en particular el acceso de las comunidades a mecanismos de verificación, acompañamiento y protección.

El Estado colombiano tiene el deber indelegable de garantizar la vida, la integridad y las libertades de todos los ciudadanos, sin excepción y sin distinción territorial. De ahí que esta entidad respalda el trabajo que adelantan las entidades del orden territorial y nacional, así como la articulación con organismos internacionales, para asegurar condiciones de presencia institucional efectiva en los territorios.

La seguridad y la acción estatal deben entenderse como instrumentos al servicio de los derechos de los y las ciudadanas. Por ello, el Ministerio TIC está alineado con una visión garantista, en la cual la protección de la población civil es el eje central de toda intervención, y en la que ninguna comunidad puede quedar al margen del acompañamiento institucional ni de las garantías propias del Estado de Derecho.

Reitera que no pueden existir territorios vedados para la defensa de los derechos humanos. Ningún actor armado puede arrogarse la facultad de limitar la acción institucional ni el acompañamiento internacional. La protección de la ciudadanía es un principio irrenunciable del Estado.

Este mensaje hace parte de la decisión institucional unificada tomada en el marco de la reciente sesión de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos, de la cual hace parte el Ministerio TIC.